domingo, 6 de septiembre de 2026

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San Pedro: detienen a más campesinos pese al freno judicial

San Pedro liberó a más campesinos detenidos por la Policía, pese al fallo que le ordena no actuar sin una orden judicial de desalojo en tierras de Arauco.

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Ilustración en estilo linograbado de un camino rural entre una plantación de pinos y el monte nativo, con un mojón de límite de propiedad
Ilustración editorial generada con inteligencia artificial.

Cuatro campesinos de las colonias rurales de San Pedro fueron detenidos el sábado por la tarde por efectivos del Comando Regional XIV, acompañados —según la denuncia de las propias familias— por personal vinculado a la forestal Arauco, mientras trabajaban en sus chacras. Un medio local de San Pedro habla en cambio de tres demorados. Con una u otra cifra, todos recuperaron la libertad el domingo por la mañana, después de que familiares y vecinos se movilizaran hacia el centro de la ciudad y se concentraran en la Plaza de los Fundadores, frente a la comisaría, hasta conocer la noticia.

El operativo se repitió pese a que la Justicia ya le había puesto un límite. En el marco de un hábeas corpus presentado por representantes gremiales, un tribunal lo rechazó formalmente por una cuestión de forma, pero confirmó que no existe ninguna orden judicial de desalojo dictada sobre los predios en disputa. Como consecuencia directa de ese fallo, intimó a la cúpula policial de San Pedro a abstenerse de intervenir en los terrenos sin una orden judicial. El sábado, según la denuncia de las familias, la Policía volvió a actuar de todos modos.

Otra casa quemada, la semana pasada

Fracrán Noticias viene siguiendo este conflicto desde mediados de agosto, cuando dos detenciones en 48 horas reabrieron un reclamo que ya llevaba más de un año sin resolución. El viernes pasado, según relató este fin de semana César Fariña, referente de la CTA Autónoma que acompaña a las familias, un productor de la zona salió a hacer una changa y volvió para encontrar su vivienda completamente quemada. "La gente acá vive con miedo, temen por la seguridad de sus familias y de sus casas", resumió. Las organizaciones que acompañan el reclamo contabilizan alrededor de diez viviendas precarias totalmente incendiadas hasta ahora, además de animales muertos, herramientas requisadas y amenazas.

El conflicto involucra a las colonias Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca y San Juan Bosco, sobre tierras que Arauco reclama como propias. Un relevamiento territorial hecho por ATE y delegados de Colonia Unida —todavía extraoficial— actualizó la cifra a 159 grupos familiares, con más de 378 chicos en edad escolar inicial y al menos ocho personas con discapacidad severa viviendo en esas colonias. Es más preciso que la estimación que circulaba desde agosto, de hasta 300 familias y mil personas, pero sigue sin ser un censo del Estado provincial, pese a que el conflicto ya lleva meses en el escritorio de la provincia.

Lo que dice Arauco y la ley que nadie usa

Arauco sostiene que preserva más de 100.000 hectáreas de bosque nativo en Misiones y que mantiene desde hace dos décadas una política de "no conversión" sobre esas tierras. La empresa afirma canalizar sus reclamos de propiedad exclusivamente por vía judicial —inició en 2021 una denuncia por usurpación que todavía espera resolución— y se mostró dispuesta a participar de una mesa de diálogo si la convoca la provincia. Hasta el cierre de esta nota, ninguna fuente consultada registra que la empresa haya respondido punto por punto a las denuncias de incendios, muertes de animales o participación de su personal en los operativos policiales.

Existe además un camino legal que en la misma zona ya se usó antes y que este conflicto no activó. La Ley VIII N.º 4093, de 2004, habilita a la provincia a expropiar latifundios forestales para entregarlos a las familias que los ocupan en los departamentos San Pedro, Guaraní y General Manuel Belgrano. En 2013, una cooperativa de productores independientes logró por esa vía la expropiación de 600 hectáreas de Arauco en Puerto Piray. Ese antecedente sigue vigente, pero ni la provincia ni las organizaciones que acompañan a las familias lo mencionaron como salida posible en las últimas semanas.

Por ahora, el subsecretario de Tierras Daniel Behler —el mismo funcionario que en abril de 2025 prometió una mesa de diálogo para un reclamo casi idéntico en la misma zona, sin resultado dieciséis meses después— quedó otra vez a cargo de recibir el reclamo. No hay, hasta ahora, una fecha confirmada para esa mesa de diálogo ni una explicación oficial sobre por qué la Policía volvió a intervenir después de la intimación judicial.


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