domingo, 4 de octubre de 2026

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Posadas: a 25 años del crimen, juicio al exgendarme Gómez

A 25 años del homicidio de María Barreda en Posadas, la Justicia detuvo al exgendarme Carlos Gómez: el juicio arranca este lunes en Misiones.

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Ilustración en estilo linograbado de la fachada de un tribunal con una balanza de la justicia en Posadas, Misiones
Ilustración editorial generada con inteligencia artificial.

Veinticinco años después de matar a su esposa a tiros en Posadas, el exgendarme Carlos Ramón Gómez, de 66 años, fue detenido este sábado para garantizar que llegue al juicio oral que arranca este lunes. La detención llega apenas tres meses después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último planteo de su defensa y apenas tres semanas después de que el propio tribunal que lo juzga señalara que sus abogados anteriores podrían haber recurrido a "maniobras dilatorias" para seguir postergando el debate.

El caso tiene su origen en la noche del 9 de diciembre de 2001, cuando Gómez, entonces integrante de Gendarmería Nacional, mató a su esposa María Esther Barreda, de 36 años, en una vivienda del barrio San Lucas de Posadas. Según la acusación, la encontró junto a otro hombre y le disparó cuatro veces con su arma reglamentaria. El acusado se entregó a las autoridades al día siguiente.

Dos décadas de idas y vueltas judiciales. En 2003, el Tribunal Penal Uno había dictado el sobreseimiento de Gómez, pero el Ministerio Público Fiscal apeló y el Tribunal Penal Dos revocó esa decisión, ordenando que la investigación continuara. El acusado recuperó la libertad bajo la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia, pero a comienzos de 2013 dejó de cumplir esas comparecencias y fue declarado rebelde. El 29 de mayo de ese año lo localizaron y detuvieron en Buenos Aires, aunque poco después volvió a quedar en libertad con restricciones. Un primer intento de llevarlo a juicio oral, en 2018, tampoco llegó a concretarse.

El expediente quedó finalmente habilitado para el debate el 7 de julio de este año, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó uno de los planteos de la defensa sobre sobreseimiento, prescripción y supuestas afectaciones al derecho de defensa que se venían presentando desde hacía dos décadas. Con ese obstáculo despejado, el Tribunal Penal N.º 2 de Posadas, presidido por el juez César Antonio Yaya, fijó el juicio oral para el 16, 17 y 18 de septiembre, con Vladimir Glinka como fiscal y María Laura Alvarenga como defensora.

La suspensión que encendió una polémica. El debate no llegó a iniciarse esos días. El tribunal suspendió el juicio y, en su resolución, planteó que la medida podía responder a una "maniobra dilatoria": según los jueces, los abogados que representaron a Gómez antes de Alvarenga, Eduardo Paredes y Mauricio Vergara, habían mostrado "idéntica conducta procesal" —renuncias o pedidos de cambio de última hora— en otras tres causas que terminaron postergadas por el mismo mecanismo. Alvarenga presentó luego un escrito ante el Tribunal Penal N.º 2 en el que rechazó explícitamente que su desempeño profesional pudiera encuadrarse en esa caracterización, y cuestionó que se agruparan situaciones procesales y personales distintas bajo un supuesto patrón.

Con esa disputa todavía abierta, la Justicia ordenó la nueva detención de Gómez para asegurar su presencia en el debate reprogramado. El fiscal Glinka formuló el pedido el viernes y el operativo se concretó el sábado en Posadas, cuando Gómez fue interceptado en la camioneta de su abogado. Quedó alojado a disposición del Tribunal Penal N.º 2, que tiene previsto retomar el juicio oral este lunes.

Gómez enfrenta la acusación de homicidio calificado por el vínculo, previsto en el artículo 80, inciso 1 del Código Penal, que contempla prisión o reclusión perpetua. La figura de femicidio, que agravó este tipo de crímenes cuando existe violencia de género, recién se incorporó al Código Penal en 2012: once años después de la muerte de Barreda, por lo que no forma parte de la carátula original del expediente aunque el hecho ocurriera en ese contexto.

El caso vuelve a poner en discusión un problema que excede a Posadas. Según el Registro Nacional de Femicidios, Misiones fue en 2025 la segunda provincia con la tasa más alta del país, sólo detrás de Chaco, y las organizaciones que relevan estos casos vienen señalando una pérdida de confianza institucional entre las víctimas. Un cuarto de siglo entre el crimen y el inicio efectivo de un juicio oral, con fugas, sobreseimientos revocados y una suspensión que el propio tribunal calificó de sospechosa, es también una medida de cuánto puede tardar la Justicia misionera en resolver incluso los casos con un único sospechoso identificado desde el primer día.


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