Luego de 15 años de intensos debates, idas y vueltas judiciales y una fuerte resistencia social, la Legislatura de Mendoza aprobó ayer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge Cobre Mendocino (PSJ). La decisión, impulsada por el gobierno de Alfredo Cornejo y celebrada por el gobierno nacional de Javier Milei, marca un hito al reactivar la minería metalífera a gran escala en la provincia cuyana, una actividad que estaba prácticamente vedada.

El proyecto, ubicado en la localidad de Uspallata, departamento de Las Heras, obtuvo luz verde en el Senado provincial con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Esta sanción legislativa despeja el camino administrativo para que la empresa comience la fase de factibilidad, paso previo a la construcción y explotación del yacimiento.

Las dos caras de la moneda: Desarrollo vs. Agua

La aprobación del proyecto San Jorge ha reavivado una histórica grieta en la sociedad mendocina, contraponiendo las promesas de desarrollo económico con el temor al impacto ambiental en una zona árida donde el agua es el recurso más preciado.

La postura oficial y empresarial: Inversión y empleo

Desde el oficialismo y la empresa impulsora, se destaca el potencial transformador de la iniciativa. El "Proyecto San Jorge" promete una inversión inicial de 600 millones de dólares y la producción promedio de 40.000 toneladas anuales de cobre fino.

Según cifras oficiales y de la compañía, la obra generaría 3.900 puestos de trabajo durante la etapa de construcción (estimada en 18 a 24 meses) y 2.400 empleos (directos e indirectos) durante la operación.

"Esta decisión institucional nos permite dar un paso más en un proceso que ha sido largo, transparente y profundamente participativo", declaró Fabián Gregorio, CEO de PSJ, quien aseguró que el proyecto priorizará "el uso responsable y eficiente del agua, con recirculación de más del 80% del recurso".

El gobierno nacional también festejó la medida. A través de un comunicado, calificó la aprobación como un "hito histórico" y un "símbolo de progreso y federalismo". El propio presidente Javier Milei había criticado previamente a la oposición por "estar siempre en contra del sector privado".

La ministra de Energía de Mendoza, Jimena Latorre, defendió la votación asegurando que no se trata de un "cheque en blanco", ya que el proyecto deberá someterse a estrictos controles y actualizaciones de su impacto ambiental cada dos años.

La resistencia ambiental: "El agua de Mendoza no se negocia"

En la vereda opuesta, organizaciones sociales, asambleas por el agua y sectores de la oposición política (principalmente el kirchnerismo y el Partido Verde) rechazaron de plano la medida. Mientras los legisladores votaban, manifestantes marcharon desde el Valle de Uco, San Rafael y Uspallata hasta la Legislatura provincial bajo la consigna histórica: "El agua de Mendoza no se negocia".

Los detractores, como el abogado ambientalista Enrique Viale, advierten que el proyecto se instala "en la cabecera del principal río provincial, el Mendoza", poniendo en riesgo la provisión de agua para consumo humano y agrícola. "El 4% del territorio provincial es irrigable: el agua define la supervivencia y la producción", argumentó Viale, recordando que en 2019 una movilización masiva (el "Mendozazo") logró frenar intentos similares de modificar la Ley 7722, guardiana del agua en la provincia.

Las asambleas denuncian que el proyecto avanza sin la necesaria licencia social. "Es impresionante ver que nuestras democracias están tan enfermas", lamentó Daniel Funes, referente de la lucha por el agua, criticando que los legisladores "abiertamente se declaran funcionarios de los intereses del gobierno". Además, cuestionan la solidez técnica del Estudio de Impacto Ambiental, señalando objeciones previas de organismos como el CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo sobre el uso de sustancias tóxicas y el riesgo hídrico.

Lo que viene

Con la aprobación legislativa, comienza ahora una etapa técnica de factibilidad que demandará aproximadamente un año. Recién después de ese período podría iniciarse la construcción de la mina.

La empresa ha prometido que la captación de agua se realizará exclusivamente desde el Arroyo El Tigre, sin afectar el consumo de las comunidades ni del sector agrícola, y que utilizará procesos de flotación mecánica con reactivos biodegradables. Sin embargo, la vigilancia de las asambleas ambientales promete mantenerse activa, augurando que la tensión social en torno a la minería en Mendoza está lejos de disiparse.

Fuentes: Infobae, Clarín, Página 12, Argentina.gob.ar