Ley universitaria: la Justicia le ordenó a Milei aplicarla
El fallo universitario, el gasto desde 1980 y los votos cambiantes del oficialismo de Misiones. Datos de egreso, abandono y extranjeros, con gráficos.
El juez federal Martín Cormick declaró este martes 6 de octubre inconstitucional la condición con la que el Gobierno nacional había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó cumplirla. El fallo llega a Misiones con dos discusiones pendientes: cuánto dinero necesitan sus universidades públicas y qué hicieron los representantes del oficialismo provincial cuando tuvieron que votar esos recursos.
La resolución es del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. La Corte Suprema intervino en junio sobre una cautelar anterior; la sentencia de fondo de hoy corresponde a primera instancia. El Gobierno anticipó que apelará. La decisión judicial y el ingreso efectivo de fondos son pasos distintos.
Para entender la disputa, revisamos la ley, las estadísticas oficiales, una serie presupuestaria que comienza en 1980 y la autoevaluación de la Universidad Nacional de Misiones. Los datos permiten discutir el financiamiento con mayor precisión que las consignas sobre universidades vacías o un supuesto respaldo político provincial sin fisuras.
Una ley que el Congreso sostuvo y el Ejecutivo suspendió
La Ley 27.795 fue sancionada el 21 de agosto de 2025. Milei la vetó mediante el Decreto 647/2025; Diputados insistió el 17 de septiembre y el Senado completó la insistencia el 2 de octubre. La promulgación se publicó el 21 de octubre, pero el Decreto 759/2025 invocó una condición presupuestaria para suspender su ejecución hasta que el Congreso definiera los recursos.
Cormick consideró inconstitucional ese mecanismo. Según las reconstrucciones coincidentes de La Nación e Infobae, ordenó al Ejecutivo dictar las normas necesarias para cumplir la ley y previó sanciones económicas por demoras. El expediente había recorrido previamente una cautelar del juzgado, su confirmación en Cámara y una intervención de la Corte.
El conflicto es institucional y presupuestario. El Congreso insistió sobre un veto presidencial con la mayoría especial prevista en la Constitución. El Ejecutivo sostiene que una obligación de gasto necesita financiamiento y que cumplirla compromete el equilibrio fiscal. Las universidades reclaman que una ley vigente se ejecute. La sentencia rechaza que la condición del decreto pueda funcionar como otra vía para frenar lo que el Congreso ratificó.
Qué exige la ley y qué se negoció después
La norma dispone recomponer gastos de funcionamiento por inflación, actualizar salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023, convocar paritarias periódicas y recuperar las becas estudiantiles. También contempla investigación y control externo de la Auditoría General de la Nación. Su artículo 9 prevé adecuar partidas y usar ingresos corrientes superiores a los presupuestados, sin afectar la coparticipación ni los aportes del Tesoro a las provincias.
Esas obligaciones deben distinguirse del acuerdo anunciado por el Consejo Interuniversitario Nacional el 10 de junio de 2026. El CIN informó un incremento salarial del 21,33% en junio y otro del 3% en octubre, un refuerzo del 20% para funcionamiento y del 50% para las becas Manuel Belgrano. Siguió reclamando la aplicación plena de la ley. Los porcentajes del acuerdo no son el texto de la ley ni demuestran, por sí mismos, que se recuperó todo el poder de compra perdido.
En la puja participan actores con intereses diferentes. Los rectores deben sostener clases, investigación, hospitales y edificios. Los gremios reclaman recuperar salarios. Los estudiantes necesitan cursar y permanecer, con becas, transporte, alimentación y vivienda. El Gobierno procura contener el gasto y conservar el control sobre su ritmo de actualización. El Congreso discute la prioridad presupuestaria y la Justicia, el cumplimiento de las normas.
Un aumento nominal permite comprar más sólo si supera el aumento de los precios. Y un refuerzo para luz, limpieza o mantenimiento no resuelve automáticamente el salario del personal. Confundir esos dos componentes hace parecer suficiente una mejora que puede alcanzar apenas a una parte de la universidad.
Más de veinte años: cuánto pesó la educación superior en la economía
El Ministerio de Economía publica una serie homogénea de gasto público nacional por finalidad y función entre 1980 y 2024, actualizada en marzo de 2026. Extraímos la fila “Educación superior y universitaria”, expresada como porcentaje del Producto Interno Bruto, y elaboramos el gráfico siguiente.
Descargar datos, fuente y método del gráfico
| Año | Gasto nacional en educación superior y universitaria / PIB |
|---|---|
| 2003 | 0,60% |
| 2004 | 0,50% |
| 2015 | 0,99% |
| 2017 | 0,97% |
| 2019 | 0,80% |
| 2023 | 0,82% |
| 2024 | 0,64% |
La serie muestra una expansión durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, una reducción hacia el cierre de la presidencia de Mauricio Macri, oscilaciones durante la de Alberto Fernández y una caída en el primer año de Javier Milei. En 2024 la participación disminuyó alrededor de 0,18 puntos porcentuales del PIB respecto de 2023. Ese descenso mide el peso del gasto en la economía; no equivale a una caída del mismo porcentaje en pesos constantes ni permite atribuir toda variación a una sola decisión.
El alcance importa: la clasificación incluye educación superior y universitaria del Gobierno nacional. No es exclusivamente la suma de las transferencias a universidades nacionales, ni contiene todo el gasto provincial en institutos terciarios. La usamos para reconstruir una trayectoria larga sin empalmar series incompatibles.
Como contraste, CREEBBA analizó específicamente la ejecución de las universidades nacionales con datos de eSidif: calculó un promedio del 0,75% del PIB entre 2010 y 2023 y una caída real del gasto por estudiante del 15% entre 2010 y 2022. Sus cifras difieren de la función amplia de Economía porque miden otro universo. El estudio se elaboró en 2024: sus escenarios para ese año no deben presentarse como ejecución final ni extenderse a 2026.
La conclusión histórica tiene dos partes. El esfuerzo presupuestario creció durante buena parte de las últimas dos décadas. Ese recorrido también tuvo retrocesos, y una matrícula mayor puede hacer que el dinero por estudiante se reduzca aunque aumente el gasto total.
Cuántas universidades hay en Misiones
Misiones tiene dos universidades nacionales con sede propia: la UNaM, creada en 1973, y la UNAU, cuya ley de creación fue sancionada en diciembre de 2014 y publicada en enero de 2015. La segunda tiene sede central en San Vicente, una presencia especialmente relevante para el Alto Uruguay y localidades como Fracrán.
Eso no significa que en la provincia existan sólo dos universidades. Hay instituciones privadas, entre ellas Gastón Dachary, Católica de las Misiones y la Universidad de la Integración Sudamericana, además de sedes o extensiones de instituciones de otras provincias. También hay institutos terciarios y una universidad provincial especializada en fuerzas de seguridad. Facultad, sede, universidad e instituto terciario son unidades diferentes; sumarlas sin esa distinción infla o reduce artificialmente la oferta.
El financiamiento ordinario de las nacionales corresponde a Nación. La Ley 27.074 establece esa responsabilidad para la UNAU y permite incorporar bienes cedidos por la provincia, el municipio y otros actores. Una ley nacional de creación no demuestra ausencia de impulso provincial: en 2014 el entonces gobernador Maurice Closs celebró y respaldó el proyecto. Afirmar que la provincia no hizo nada porque la norma salió del Congreso sería una conclusión injustificada.
Egreso y abandono: qué porcentaje responde a cada pregunta
La autoevaluación institucional de la UNaM ofrece una comparación útil. Para primer año informa una retención del 55,4%, frente al 56,1% nacional de carreras presenciales. En su análisis por cohortes de 2018 a 2023 registra una deserción cercana al 42%, con variaciones de dos puntos, salvo 2020, cuando alcanzó el 50%. El informe no presenta ambos indicadores como una única serie: no los combinamos ni convertimos su diferencia en una nueva tasa.
Sobre duración de los estudios, informa 26% de egreso en el tiempo teórico y 58% con uno o dos años de demora para su análisis de cohortes 2017-2024. Estos porcentajes describen los tiempos de quienes terminaron. No significan que el 84% de todos los ingresantes se gradúe. El documento también advierte que el 31,2% de los nuevos inscriptos de 2023 con información disponible trabajaba.
Una tasa de graduación necesita seguir a un grupo de ingresantes durante un plazo suficiente. Dividir los egresados de este año por los ingresantes de este año mezcla personas de cohortes diferentes. De igual modo, dejar de reinscribirse un año puede ser una interrupción o un cambio de carrera, y no prueba abandono definitivo.
Para mostrar una evolución sin inventar esa tasa, graficamos la cantidad anual de graduados que la UNaM publica en su tabla institucional.
Descargar los datos de graduados y sus límites
La universidad registró 997 graduados en 2014 y 897 en 2024, con oscilaciones intermedias y un máximo de 1.289 en 2019. Los números exigen investigar qué ocurrió con las trayectorias y las condiciones de cursada; no prueban por sí solos una causa presupuestaria. Para evaluar una política de permanencia hacen falta cohortes, carrera, duración prevista, situación laboral y condiciones materiales de estudio.
Estudiantes extranjeros: una minoría y una categoría mal usada
El Anuario Universitario 2023 registra 82.797 estudiantes extranjeros de pregrado y grado en instituciones estatales, sobre una matrícula estatal de 2.011.498: 4,12%, calculado con ese numerador y ese denominador. La evolución de los extranjeros, en cantidades, es la siguiente.
Descargar datos de matrícula extranjera y método
La cifra estatal pasó de 35.202 en 2015 a 82.797 en 2023. El propio Gobierno reproduce esos datos en los fundamentos del DNU 366/2025. La cantidad creció, pero eso no convierte a los extranjeros en la mayoría del sistema ni indica cuánto ahorrarían las universidades si les cobraran.
Nacionalidad y residencia migratoria son variables diferentes. El DNU habilitó a las instituciones estatales a cobrar a quienes no tengan residencia permanente, manteniendo la gratuidad para argentinos y extranjeros con residencia permanente. No obliga a todas las universidades a cobrar una tarifa uniforme. El total estadístico de extranjeros incluye personas cuya situación migratoria no aparece desagregada en esa tabla: no puede usarse como cantidad de potenciales arancelados.
Para Misiones hay una precisión adicional. La UNaM informa que en 2024 el 0,3% de sus ingresantes de pregrado y grado tenía origen extranjero, principalmente paraguayo; el 82,3% procedía de Misiones, el 9,3% de otras provincias y faltaba el dato del 8,1%. Es origen de nuevos ingresantes, no nacionalidad de toda la matrícula. Por esa diferencia de población y definición, no lo comparamos directamente con el 4,12% nacional.
Sin residencia, carrera, costos y eventuales exenciones, una multiplicación de extranjeros por gasto promedio produce una cuenta aparente. Las universidades además sostienen investigación, extensión e infraestructura compartida: no todo el presupuesto desaparece cuando cursa un estudiante menos.
La Renovación: veintitrés años de gobierno y votos cambiantes
El Frente Renovador gobierna Misiones desde 2003. La UNaM lo antecede; la UNAU se creó durante esa continuidad política. En 2021 la Legislatura provincial creó la Universidad de las Fuerzas de Seguridad, orientada a la formación policial y penitenciaria. Estas instituciones permiten reconstruir decisiones concretas; su número no constituye una evaluación suficiente de veintitrés años de política universitaria.
Para el financiamiento actual, el registro legislativo ofrece una evidencia más directa que las declaraciones. Los cuatro diputados vinculados al oficialismo provincial cambiaron de posición entre dos vetos diferentes.
| Decisión | Representantes del oficialismo provincial | Posición |
|---|---|---|
| Insistencia frente al veto universitario, 9/10/2024 | Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik | Los cuatro se abstuvieron |
| Insistencia sobre la Ley 27.795, 17/9/2025 | Los mismos cuatro diputados | Los cuatro votaron afirmativamente |
| Capítulo XI del Presupuesto 2026, 18/12/2025 | Arrúa, Ruiz, Vancsik y Oscar Herrera Ahuad, tras el recambio de bancas | Acompañaron el capítulo que incluía derogar la ley universitaria; el capítulo fue rechazado |
| Proyecto 5229-D-2026, presentado el 2/10/2026 | Arrúa, Herrera Ahuad, Ruiz y Vancsik | Pidieron adecuar el proyecto de Presupuesto 2027 para cumplir la Ley 27.795 |
La votación nominal oficial de septiembre de 2025 confirma el voto de cada diputado. Para 2024, las nóminas publicadas por La Voz de Misiones y La Nación coinciden en las cuatro abstenciones. La cobertura del capítulo presupuestario de diciembre identifica los cuatro votos, y el registro del Congreso confirma que el capítulo fue rechazado. El pedido de octubre de 2026 consta en el expediente oficial con los cuatro firmantes. Un proyecto presentado expresa una posición; no prueba que los recursos hayan sido aprobados o transferidos.
Este recorrido impide describir al oficialismo provincial como un defensor constante del mismo financiamiento. También impide reducirlo a una sola abstención: hubo apoyo a la insistencia, un posterior voto a una derogación que no prosperó y un nuevo reclamo de cumplimiento. No hay, en las fuentes revisadas, una serie completa y comparable del aporte provincial específico a las universidades durante esos veintitrés años. No adjudicamos un monto ni un balance financiero que los datos no permiten sostener.
La continuidad del poder obliga a pedir resultados verificables: acceso desde el interior, becas y alojamiento, articulación con el secundario, permanencia y egreso. Crear más instituciones puede ampliar oportunidades, pero contar universidades no dice si una familia de Fracrán puede sostener a un estudiante en Posadas o aprovechar una carrera en San Vicente.
Qué busca el Gobierno y qué queda por comprobar
Las decisiones documentadas muestran dos objetivos del Ejecutivo: contener el impacto fiscal de las actualizaciones y permitir ingresos propios por aranceles a extranjeros sin residencia permanente. El decreto que suspendía la ley expresa el primero y el DNU migratorio desarrolla el segundo. El control del gasto también forma parte del debate: la propia ley contempla auditorías externas. Atribuirle otro propósito al Gobierno exige evidencia adicional.
El fallo de hoy modifica la discusión sobre el cumplimiento. Para medir sus efectos habrá que comprobar transferencias, liquidaciones salariales y becas, además del resultado de los recursos judiciales. En Misiones habrá que mirar también si quienes reclaman fondos mantienen esa posición cuando votan el presupuesto.
Los datos no absuelven todas las dificultades del sistema: la deserción inicial y las demoras son problemas reales. Tampoco justifican tratar la educación pública como un gasto sin resultados. El debate serio exige saber qué se financia, quién puede estudiar y cuántos logran terminar, con indicadores que midan esas preguntas y con representantes que respondan por sus decisiones.
Cómo se hicieron los gráficos
Son elaboraciones propias a partir de fuentes públicas, con datos y método descargables bajo cada imagen. La primera usa la hoja “% del PIB”, fila “II.1.2. Educación superior y universitaria”, de Economía, preservando los valores antes del redondeo de lectura. La segunda transcribe la tabla 2 de la autoevaluación de la UNaM. La tercera usa el cuadro 1.1.33 del Anuario 2023; el porcentaje nacional se calcula con los cuadros 1.1.32 y 1.1.2. No agregamos años sin datos ni estimaciones para 2025 o 2026.
Fuentes
- https://www.lanacion.com.ar/sociedad/fallo-de-primera-instancia-declaran-inconstitucional-el-decreto-con-el-que-el-gobierno-freno-el-nid06102026/
- https://www.infobae.com/judiciales/2026/10/06/la-justicia-ordeno-al-gobierno-aplicar-la-ley-de-financiamiento-universitario-y-declaro-inconstitucional-el-decreto-que-la-frenaba/
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27795-419006/texto
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-759-2025-419007/texto
- https://www.cin.edu.ar/apertura-de-paritaria-incremento-salarial-y-presupuestario-seguimos-exigiendo-la-implementacion-plena-de-la-ley-de-financiamiento-universitario/
- https://www.argentina.gob.ar/economia/politicaeconomica/macroeconomica/gastopublicoconsolidado
- https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gasto_publico_nacional_desde_1980_2.xls
- https://www.creebba.org.ar/iae/iae186/3_universidades_IAE_186.pdf
- https://www.unam.edu.ar/images/documentos/planificacion/unam_informe_autoevaluacion_institucional_octubre_2025.pdf
- https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/informacion/publicaciones/anuarios
- https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rv_anuario_finales_todos.zip
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-366-2025-413297/texto
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27074-240493/texto
- https://misionesonline.net/2014/10/23/closs-sobre-la-unau-es-una-reparacion-historica-para-misiones/
- https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/05/07/703219-crearon-por-ley-la-universidad-de-las-fuerzas-de-seguridad
- https://www.lavozdemisiones.com/politica/veto-universitario-abstencion-renovadora-y-apoyo-de-arjol-klipauka-y-bianchetti/
- https://www.lanacion.com.ar/politica/universidades-quienes-son-los-84-heroes-que-salvaron-esta-vez-el-veto-de-javier-milei-nid09102024/
- https://votaciones.hcdn.gob.ar/votacion/5766
- https://www.lavozdemisiones.com/politica/presupuesto-misioneros-votaron-capitulo-contra-discapacidad-y-universidades/
- https://votaciones.hcdn.gob.ar/pdf/acta/5833
- https://www.hcdn.gob.ar/diputados/oherreraa/proyecto.html?exp=5229-D-2026
