jueves, 8 de octubre de 2026

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Misiones pide US$300 millones, pero depende de Nación

Misiones busca US$300 millones para obras, pero el Gobierno nacional debe autorizarlos porque el aval está atado a la coparticipación federal.

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Ilustración en linograbado de una balanza bajo un arco institucional, símbolo del financiamiento provincial condicionado
Ilustración editorial generada con inteligencia artificial.

Misiones confirmó este jueves que busca acceder a cerca de 300 millones de dólares en financiamiento internacional para obras de infraestructura, pero aclaró que ese dinero no depende sólo de la provincia: necesita autorizaciones todavía pendientes del Gobierno nacional. "Aproximadamente 300 millones de dólares van a ser los fondos destinados justamente a empréstitos", afirmó el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos "Kako" Sartori, en una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

Sartori explicó que los desembolsos se harían según el avance de las obras y bajo controles de los organismos intervinientes, pero fue claro con el condicionamiento central: "las inversiones podrán concretarse siempre que se obtengan las aprobaciones pendientes" del Gobierno nacional. El motivo, según el propio ministro, son los mecanismos financieros y las garantías vinculadas con la coparticipación.

Un aval que pasa por la Nación

El proyecto para emitir estos bonos no es nuevo: ingresó a la Legislatura misionera el 4 de junio, impulsado por el titular de la Cámara, Carlos Rovira, y tuvo su primer tratamiento en la Comisión de Presupuesto semanas después. En esa instancia, el diputado Horacio Martínez lo presentó como una herramienta para un contexto de "poca recaudación, poca inversión y prácticamente ausencia de fondos nacionales para obras", y remarcó que el respaldo de la emisión recae en la solidez fiscal provincial, con series que representarían menos del 10% del presupuesto.

Pero ese mismo respaldo es, también, la explicación de por qué Misiones no puede manejar este financiamiento en soledad: según el tratamiento en comisión, la garantía de los bonos se apoya en regalías de la hidrovía, regalías energéticas y recursos sujetos a coparticipación. Al tratarse de fondos que pasan por el circuito coparticipable, la palabra final para habilitar su uso como garantía queda, en los hechos, en manos del Gobierno nacional.

Los fondos, de concretarse, se destinarían a mejoramiento edilicio, construcción de viviendas dentro del Plan Techo, energía y salud, entre otras intervenciones que la provincia analiza junto a los municipios. El anuncio llegó apenas una semana después de que la Legislatura aprobara el Presupuesto 2027, el paso que, según el propio Ejecutivo, habilita a planificar estas inversiones y buscar crédito externo.

La misma Nación que no mandó ayuda por los temporales

En la misma entrevista, Sartori marcó otro punto de fricción con Nación: aseguró que Misiones "no recibió fondos adicionales" para afrontar los daños de los temporales recientes, por lo que la provincia debió pedir directamente elementos almacenados en depósitos de la Aduana para paliar la emergencia. Es decir, mientras la provincia espera el visto bueno nacional para tomar deuda propia garantizada con fondos coparticipables, no consiguió una ayuda directa y no reembolsable para una emergencia climática ya ocurrida.

El contraste no es menor en el contexto de esta semana: Fracrán Noticias informó que Misiones perdió $9.615 millones reales en coparticipación durante 2026, aun cuando lidera el ranking nacional de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) discrecionales, con $25.000 millones recibidos directamente del Poder Ejecutivo. El mecanismo de los ATN depende de la discrecionalidad presidencial; el de la coparticipación, en cambio, es automático por ley, pero Misiones lo ve retraerse. Ahora se suma un tercer frente: un financiamiento que la propia provincia necesita, pero que no puede ejecutar sin el aval de la misma Nación que administra esos fondos.

En junio, cuando el proyecto de bonos ingresó a la Legislatura, se lo presentó como "una herramienta ante el abandono del Gobierno nacional". Cuatro meses después, la provincia reconoce que ese mismo Gobierno nacional tiene la llave para que la herramienta funcione.


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