En Misiones, hablar de yerba mate nunca es hablar solo de una economía regional. Es hablar de territorio, de trabajo familiar, de ciclos que se repiten y de tensiones históricas entre quienes producen la materia prima y quienes concentran la capacidad de industrializarla y venderla. En ese entramado, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ocupó durante más de dos décadas un lugar incómodo pero central: el de árbitro en un mercado estructuralmente desigual.

Hoy, ese lugar está en disputa.

Desde el cambio de gobierno nacional, el Instituto atraviesa una transformación profunda que para algunos representa una corrección necesaria y, para otros, un desmantelamiento con consecuencias inmediatas. Lo cierto es que el INYM ya no opera como lo hacía y que esa modificación coincide con uno de los momentos más delicados para los eslabones más bajos de la cadena yerbatera.

El nuevo escenario comenzó a delinearse con la llegada de Javier Milei a la Presidencia y con una definición política clara: reducir al mínimo la intervención del Estado en los mercados. En esa lógica, el rol histórico del INYM quedó bajo cuestionamiento. Las facultades para fijar precios mínimos —uno de los instrumentos centrales del organismo— dejaron de aplicarse; el directorio quedó virtualmente paralizado y la conducción del Instituto pasó a ser, en los hechos, más formal que operativa.

El resultado fue un cambio tangible: el precio de la hoja verde comenzó a caer sin un piso de referencia y la negociación volvió a desplazarse hacia un terreno donde el poder relativo pesa más que cualquier reglamento. Para los pequeños productores y los tareferos, esa transición no fue teórica ni gradual, sino inmediata.

Desde el Gobierno nacional, la explicación es coherente con su marco ideológico. Se sostiene que la regulación previa generó distorsiones, sobreoferta y dependencia, y que liberar el mercado permitiría ordenar el sector por la vía de la competencia, atraer inversiones y mejorar la eficiencia. Bajo esta mirada, el INYM no desaparece, pero deja de ser un organismo con capacidad de intervenir activamente en la formación de precios y en la organización de la cadena.

La postura de la Provincia y el reclamo judicial

En Misiones, sin embargo, la lectura es otra. El Gobierno provincial sostiene que la yerba mate no funciona como un mercado competitivo clásico y que, sin un actor institucional fuerte, las asimetrías se profundizan. Por eso, a través del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, la Provincia decidió llevar el conflicto al plano judicial, ampliando una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El planteo no discute la necesidad de modernizar ni de mejorar la competitividad del sector, pero advierte que el recorte de atribuciones del INYM deja a los pequeños productores sin herramientas de resguardo y expone a las chacras familiares a condiciones que ponen en riesgo su continuidad. También reclama algo concreto: la designación de una conducción con facultades reales, capaz de ejercer las responsabilidades que la ley le asigna al Instituto.

En este punto, el conflicto deja de ser únicamente técnico y se vuelve político. Mientras el discurso provincial se posiciona como defensor del INYM frente al avance desregulador del Gobierno nacional, una declaración introduce matices difíciles de ignorar. El exgobernador y actual legislador Hugo Passalacqua expresó públicamente su apoyo a las reformas impulsadas por Milei, alineándose con el rumbo general del Ejecutivo nacional.

La convivencia de ambas posiciones —la confrontación institucional de la Provincia y el respaldo político a las reformas— expone una tensión que atraviesa al oficialismo misionero y que, por ahora, no tiene una síntesis clara. La pregunta no es solo política: es productiva. ¿Quién absorbe el costo de esa ambigüedad mientras el conflicto se dirime en tribunales y despachos?

El impacto en el territorio

Más allá de los argumentos, los efectos ya se sienten en el territorio. En la zafra actual, numerosos productores afirman no cubrir costos, los tareferos enfrentan ingresos inestables y las economías familiares se vuelven cada vez más frágiles. En zonas como el centro de Misiones, donde la yerba no es una actividad más sino el eje de la vida rural, el impacto no se mide en balances macroeconómicos sino en decisiones cotidianas: seguir o abandonar.

Para profundizar sobre el impacto en los productores locales, se puede consultar el informe reciente sobre la zafra y la desregulación.

El debate sobre el INYM, entonces, no se agota en una discusión sobre regulaciones. Es una discusión sobre el tipo de Estado que interviene —o se retira— en economías regionales desiguales, sobre los tiempos del mercado frente a los tiempos sociales y sobre qué ocurre cuando una institución pierde poder antes de que exista un reemplazo funcional.

El desenlace todavía está abierto. La Corte deberá expedirse, el Gobierno nacional mantiene su rumbo y la Provincia redobla su defensa del Instituto. Mientras tanto, la yerba mate vuelve a quedar en el centro de una disputa que, como tantas otras veces en la historia misionera, se juega lejos de las chacras pero se siente con fuerza en ellas.

Fuente: Redacción Fracrán, análisis propio.