Prometer, anunciar… y retroceder: Misiones derogó su registro de infractores ambientales a dos semanas de crearlo
El Ministerio de Ecología dio marcha atrás con el RePIA tras el rechazo del sector productivo. No es la primera vez: pasó igual con la prohibición del glifosato. Reconocemos los avances, pero la tibieza frente al bolsillo termina siempre por el mismo lado.
En menos de un mes, el Ministerio de Ecología de Misiones creó, anunció y enterró su propia herramienta de control ambiental. El 17 de julio, mediante la Resolución 248/26, el ministro Martín Recamán dejó sin efecto la Resolución 182/26, que apenas dos semanas antes había puesto en marcha el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA). El motivo oficial fue escueto: razones de "oportunidad, mérito y conveniencia". Ni una palabra sobre el conflicto que había estallado, ni sobre los planteos legales que precipitaron el retroceso.
Qué era el RePIA y por qué molestó
El registro no era un simple listado. Concentraba en una sola base de datos a personas y empresas sancionadas por infringir la normativa ambiental, y establecía que quienes figuraran en él quedaban impedidos de acceder a nuevos permisos, subsidios, créditos, incentivos fiscales o de actuar como consultores en estudios de impacto ambiental. Sumaba, además, un certificado de antecedentes obligatorio para cualquier trámite ante Ecología. La permanencia iba de tres a cuatro años según hubiera reincidencia.
La reacción del sector productivo fue casi unánime. La Asociación de Madereros del Alto Paraná (AMAYADAP) impugnó la resolución por inconstitucional, con el argumento de que permitía anotar a alguien con un simple sumario abierto, sin sanción firme, afectando la presunción de inocencia y el debido proceso. Adhirieron la Confederación Económica de Misiones (CEM), APICOFOM, la Sociedad Rural y la FARM. En quince días, la provincia se replegó.
La misma película: el glifosato
Conviene tener memoria. En 2023, Misiones sancionó la Ley de Promoción de Bioinsumos, que prohibía el glifosato —el herbicida más difundido del mundo, conocido por su marca comercial Roundup— a partir de julio de 2025. Fue celebrada como una decisión de vanguardia ambiental. Pero cuando llegó el momento de cumplirla, el gobierno la corrió hasta 2030 por el Decreto 1608 y volvió sobre el tema con un nuevo decreto en agosto de 2025, el 1675, para sostener los permisos. ¿El detonante? El mismo de ahora: el rechazo del arco productivo.
El patrón se repite con precisión inquietante. La provincia anuncia una medida de protección ambiental, el sector productivo la resiste, y la provincia retrocede. Primero el veneno que se sigue usando. Ahora el registro que dejó de existir antes de estrenarse.
Lo que sí hay que reconocer
Seamos justos, porque la crítica sin reconocimiento es panfleto. Misiones cerró 2025 con la deforestación más baja de su historia: 4.118 hectáreas, frente a las 4.790 de 2023 y las 4.277 de 2024. Es un dato real, medido por el propio Ministerio, y merece ser valorado. La idea del RePIA, además, era buena: ordenar y unificar información dispersa para controlar mejor a los reincidentes. Nadie serio puede estar en contra de eso.
Pero los números, mirados de cerca, no habilitan festejos. El 48% de ese desmonte ocurrió dentro del Corredor Verde, el corazón de la Selva Paranaense que la provincia dice defender. Y los focos más intensos están al lado nuestro: San Pedro y San Vicente, en el Alto Uruguay, encabezan la lista. Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA calculó que entre 1990 y 2020 se perdieron 130.000 hectáreas de bosque nativo, un 13% del Corredor, pese a estar protegido.
Desde el monte
Acá, en Fracrán y en todo el Alto Uruguay, esto no es abstracto. Vivimos de la yerba y del tabaco, los mismos cultivos que impulsan las excepciones al glifosato. Convivimos con el desmonte hormiga que roe la tierra colorada de a un pedazo por vez. La política ambiental provincial no se juega en un despacho de Posadas: se juega en cada chacra, en cada arroyo, en cada monte que se abre.
Por eso duele la tibieza. Un gobierno que no deja de sacar chapa con la naturaleza, que se presenta al país como "provincia verde", cede en la práctica cada vez que la decisión roza el bolsillo del sector. Prometer, anunciar y retroceder no es una política ambiental: es un gesto. Y el gesto no frena una topadora.
La conservación no puede ser un eslogan que se sostiene mientras no incomode a nadie. Lo que hoy se resigna por conveniencia lo pagan, con intereses, nuestros hijos y nuestros nietos. La tierra colorada no vota, no impugna, no presenta escritos. Por eso alguien tiene que hablar por ella. Y no debería ser tan fácil hacerla callar.
Fuentes:
- Bichos de Campo
- Economis
- La Nación
- Primera Edición
- Plan B Misiones
- Agrofy News
- Argentina Forestal
- Bichos de Campo
- Ministerio de Ecología de Misiones
- Economis
- Infobae - Revista Chacra
Nota de transparencia: Esta nota expresa la mirada editorial de Fracrán Noticias sobre un hecho de política pública provincial. Los datos de deforestación citados provienen de informes oficiales del Ministerio de Ecología de Misiones y no fueron auditados de forma independiente por este medio. Las declaraciones de referentes empresarios y los detalles de las resoluciones fueron reproducidos a partir de las fuentes consignadas. No contamos, al cierre de esta edición, con testimonios propios de productores de Fracrán y el Alto Uruguay sobre el RePIA; queda pendiente para una próxima cobertura.
