Misiones vendió su selva en pie: qué es REDD+ y qué cambia

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Misiones es primera provincia argentina en certificar carbono forestal con Verra. Qué es REDD+, quién cobra y qué significa para el Alto Uruguay.

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La provincia es la primera de Argentina en certificar un programa de carbono forestal de escala jurisdiccional. Significa financiamiento internacional por mantener el bosque vivo. También abre una pregunta que el entusiasmo oficial no responde: ¿se cuida más la naturaleza, o se le vende a empresas contaminantes un permiso para seguir emitiendo?

Qué pasó

La organización internacional Verra, que administra el estándar de créditos de carbono más usado del mundo, certificó el Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones. El anuncio se hizo desde Washington el 2 de junio. Es el primer programa de carbono forestal liderado por un gobierno a escala provincial en Argentina, y pionero a nivel global en su modalidad. La certificación reconoce que, entre 2017 y 2022, la provincia evitó la emisión de unas 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono al frenar la deforestación, y habilita la emisión de más de 10 millones de créditos para vender en el mercado internacional.

Qué es REDD+ y qué vendió Misiones, en criollo

REDD+ es un mecanismo que paga a los territorios que conservan sus bosques. La lógica es simple: un bosque en pie captura carbono y frena el cambio climático; si una provincia demuestra que evitó tirar ese bosque abajo, puede convertir esa "deforestación evitada" en créditos. Cada crédito equivale a una tonelada de CO₂ que no se emitió. Después, empresas de cualquier parte del mundo los compran para compensar, en los papeles, sus propias emisiones.

Lo distinto de Misiones es la escala. No es un proyecto de una estancia o una reserva: el programa abarca toda la provincia, unos 3 millones de hectáreas de Bosque Atlántico, mezclando tierras públicas, privadas y de comunidades indígenas bajo un mismo sistema de medición. Esa modalidad, llamada jurisdiccional anidada, no existía aprobada en ninguna otra parte del mundo.

De dónde sale la plata y quién la recibe

Los ingresos por la venta de créditos se reparten en tres canales. El 30% va a un fondo de desarrollo sostenible destinado a pueblos originarios, municipios y organizaciones sociales. Otro 30% conforma la llamada Cuenta Bosques, que paga directo a los propietarios privados que adhieran al programa y conserven monte. El 40% restante queda como fondo de funcionamiento, administrado por el Ministerio de Ecología para sostener el sistema.

En limpio: el reparto está escrito, pero quién cobra, cuánto y cuándo todavía no se conoce con detalle. Y el grueso del control administrativo, el 40%, queda en manos del Estado provincial.

Qué significa para el Alto Uruguay

Acá la noticia deja de ser provincial y nos toca de cerca. San Pedro y el Alto Uruguay concentran algunas de las masas de selva más continuas y mejor conservadas de Misiones, con la Reserva de Biosfera Yabotí como corazón. Es exactamente ese bosque en pie el que sostiene los créditos que la provincia acaba de certificar. Un productor de Fracrán o San Pedro que conserva monte nativo es, en la lógica del programa, parte de lo que se vende. La pregunta concreta para el vecino es si esa contribución vuelve en forma de pago, de obra o de servicio, o si se diluye antes de llegar al territorio.

La pregunta que no hay que esquivar

El logro es real y la institucionalidad ambiental misionera, construida desde 1984, es genuina. Pero el instrumento que se eligió viene cuestionado en todo el mundo. En 2023, una investigación de The Guardian, el semanario Die Zeit y la organización SourceMaterial, respaldada en estudios científicos publicados en la revista Science, concluyó que más del 90% de los créditos forestales certificados por Verra no representaban reducciones reales de emisiones. Verra rechazó esas conclusiones, pero el cuestionamiento sigue abierto y golpeó la credibilidad del mercado.

El nudo técnico es la "adicionalidad". Misiones, gracias a su cobertura forestal, ya absorbe más carbono del que emite: en términos de balance, es una provincia carbono negativa. Entonces, ¿qué se vende exactamente? Se venden reducciones medidas contra un escenario hipotético de cuánto bosque se habría perdido sin el programa. Si ese escenario de referencia se calcula generoso, los créditos abultan sin que cambie nada en el monte. Ahí es donde los críticos hablan de "créditos fantasma".

Y queda el nudo de fondo, el que más nos interpela desde el monte: estos créditos los compran empresas para seguir operando como hasta ahora. Una compañía contaminante puede comprar selva misionera conservada y declararse "neutral" sin reducir una sola tonelada propia. La frase que resume el debate global es contundente: la mejor tonelada de carbono es la que no se emite. Conservar la selva no debería funcionar como licencia para contaminar en otro lado.

Misiones dio un paso inédito y lo dio bien en lo institucional. Que ese paso sea hacia una naturaleza más cuidada, y no apenas un activo financiero con buena prensa, va a depender de algo que recién empieza: que la plata baje al territorio, que las comunidades y productores que sostienen el bosque sean los que cobran, y que el control sobre los fondos y los compradores sea público y verificable. Eso, por ahora, no está confirmado. Lo vamos a seguir.


Fuentes:


Nota de transparencia editorial

Información confirmada por fuente primaria: la certificación de Verra, la fecha (2 de junio de 2026), las 13,1 millones de toneladas de CO₂e verificadas para 2017-2022, la habilitación de más de 10 millones de créditos, la cobertura de unas 3 millones de hectáreas y el esquema de reparto 30/30/40.

Información atribuida y no cerrada: los ingresos económicos. La Nación menciona "más de US$20 millones"; una presentación provincial ante el COFEMA (marzo 2025) estimó cerca de US$55 millones por 10 millones de créditos. Son proyecciones a precio de mercado voluntario, que es volátil. Por eso no publicamos una cifra única como dato firme.

Pendiente de confirmación: el cronograma y los montos concretos de pago a productores y comunidades, los compradores de los créditos, y los mecanismos efectivos de auditoría del fondo administrado por el Ministerio de Ecología. No pudimos confirmar de manera independiente que el 30% destinado a pueblos originarios y municipios ya haya comenzado a distribuirse. Lo que no se puede confirmar, no se publica como hecho: queda señalado como pregunta abierta.

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