Narcotests obligatorios para funcionarios: una señal de transparencia, pero con límites propios

El Decreto 776 establece controles toxicológicos para el gabinete misionero. La medida abre el debate sobre la falta de acceso público a las declaraciones juradas patrimoniales.

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Redacción Fracrán
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El Decreto 776, publicado este lunes en el Boletín Oficial de Misiones, establece controles toxicológicos anuales y aleatorios para el gobernador, el vicegobernador, todo el gabinete, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud pública. La medida es bienvenida, pero no resuelve un déficit de transparencia más profundo: en Misiones, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios siguen sin ser de acceso público.

El gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto N° 776 y lo publicó este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia. La norma —refrendada también por el ministro Coordinador de Gabinete Carlos Sartori y el ministro de Salud Pública Héctor González— establece la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos para funcionarios provinciales, personal superior de la administración central y agentes de organismos dependientes del Poder Ejecutivo.

La medida se enmarca en el "Año de la Prevención de Consumos Problemáticos" que lleva adelante la provincia durante 2026. El propio mandatario lo anunció a través de sus redes sociales con una frase que marcó el tono: "Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece."

Qué dice el decreto

El artículo 1° establece que el gobernador, el vicegobernador, las autoridades superiores, el personal superior de la administración central y los miembros de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado y sociedades con participación mayoritaria del Estado provincial quedan obligados a realizarse un examen toxicológico preventivo para descartar la presencia de sustancias psicoadictivas ilegales. El artículo 2° dispone que el personal en ejercicio de sus cargos deberá hacerlo anualmente, de forma aleatoria, y que la primera aplicación se realizará en un plazo máximo de noventa días hábiles desde la publicación del decreto.

Los exámenes deberán descartar la presencia de metabolitos de cannabinoides, cocaína, opioides, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, MDA y barbitúricos, salvo prescripción médica. El Ministerio de Salud Pública será la autoridad de aplicación, y el decreto establece principios de confidencialidad, no discriminación, proporcionalidad y derecho de defensa.

El decreto también prevé la posibilidad de contraprueba en caso de resultado positivo, con muestras selladas y firmadas por el funcionario examinado y el personal interviniente, y garantiza que todas las actuaciones administrativas que surjan de un resultado positivo tendrán carácter reservado y secreto.

Para garantizar la transparencia y veracidad de los procedimientos, el decreto ordena la conformación de un Comité de Auditoría Externa integrado por el Colegio de Médicos y el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Misiones. El decreto invita además al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los organismos de la Constitución y a los municipios a dictar normas similares en el ámbito de sus propias competencias.

Lo que dijo el secretario de Prevención de Adicciones

Roberto Padilla, secretario de Estado de Prevención de Adicciones, valoró la medida en declaraciones radiales y subrayó el enfoque preventivo por encima del punitivo. Padilla afirmó que Misiones trabaja en esta temática desde hace varios años y marcó un precedente en el país, y explicó que el decreto se enmarca en la declaración del Año de la Prevención de las Adicciones.

El funcionario también enfatizó que no habrá publicación de listas de resultados positivos: la confidencialidad es fundamental para que las personas busquen ayuda, ya que muchos temen el qué dirán al reconocer un consumo problemático.

Una medida positiva que no alcanza

Desde Fracrán Noticias valoramos toda herramienta que apunte a garantizar la idoneidad de quienes administran lo público. Que el propio gobernador y el vicegobernador queden incluidos en el alcance del decreto no es un detalle menor: hay coherencia en no exceptuar a quienes tienen mayor poder de decisión.

Sin embargo, el narcotráfico y las adicciones no son el único riesgo que corre la transparencia en la función pública. El patrimonio de los funcionarios —cómo creció, qué tienen, qué deben— es una herramienta de control ciudadano igual de importante. Y en ese frente, Misiones sigue rezagada.

Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Misiones integra el grupo de provincias donde no es posible acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. La paradoja es que la Constitución nacional obliga a los funcionarios a presentar estas declaraciones, pero el acceso ciudadano a esa información en gran parte del país sigue dependiendo de decisiones políticas que, hasta ahora, el oficialismo misionero no ha dado.

Es en ese contexto donde cobra fuerza la foto viral de fines de abril: el vicegobernador Lucas Romero Spinelli fue captado durante un acto oficial usando dos relojes —uno analógico, uno digital—, imagen que circuló masivamente y generó una catarata de memes, ironías y críticas en las redes. El mensaje del vicegobernador quedó rápidamente opacado por ese detalle, en un contexto económico complejo, y muchos usuarios interpretaron la imagen como un gesto de desconexión con la realidad que él mismo describía en su discurso.

No se trata de juzgar si dos relojes implican o no riqueza. Se trata de algo más simple: cuando la ciudadanía no puede acceder a las declaraciones juradas de sus representantes, cualquier imagen se vuelve sospecha, y cualquier sospecha no tiene manera de ser desmentida con datos concretos. La opacidad genera ese vacío, y en ese vacío prospera la desconfianza.

El Decreto 776 es un paso en la dirección correcta. Pero un Estado que quiere dar el ejemplo —como dijo el gobernador— debería también abrir sus patrimonios al escrutinio público. Los narcotests dicen algo sobre el cuerpo de los funcionarios. Las declaraciones juradas dicen algo sobre su bolsillo. Ambas cosas importan.

Fuentes: Boletín Oficial de la Provincia de Misiones (Decreto 776/2026); Noticiasdel6.com; El Dópolis; Misiones Online; El Territorio; Infobae; Ámbito; Canal 12 Misiones; declaraciones de Roberto Padilla; Misionescuatro.com; ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

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