El Gobierno entregó 105 títulos y 42 permisos de ocupación bajo el programa Mi Título. Detrás del acto conviven dos Misiones: la tierra fiscal que el Estado puede regularizar y miles de hectáreas privadas ocupadas por colonos que ningún programa alcanza.

El miércoles, en el barrio Unido de San Vicente, el gobernador Hugo Passalacqua encabezó una nueva entrega del programa Mi Título: 105 títulos de propiedad —91 para familias de San Vicente y 14 para familias de Fracrán— y 42 permisos de ocupación correspondientes a distintos barrios de ambas localidades. Acompañaron el intendente sanvicentino Fabián Rodríguez, el intendente de Fracrán Juan Carlos Fernández y el subsecretario de Asuntos Registrales y Tierras, Daniel Behler.

Es una buena noticia para las familias que la recibieron. Pero leída sola, se queda corta. Detrás de cada título entregado hay una pregunta que Misiones nunca terminó de responder: por qué tantas familias viven y trabajan durante décadas en una tierra que es suya y, al mismo tiempo, no lo es.

DE SUPLENTES A TITULARES

Lo dijo, con sus palabras, uno de los beneficiarios. Mateo De Moura agradeció "al gobernador, al intendente y a la Dirección de Tierras por solucionar un problema antiguo" de su familia, y resumió lo que cambia un papel: "Esto nos da confianza y seguridad para seguir trabajando". Sobre ese caso, Passalacqua graficó la diferencia entre tener la tierra y tener el título: "Cuando volvía a su casa tenía cierta inseguridad porque era suyo, pero no era. Ahora es. Ahora ya nadie se lo va a sacar".

Mi Título funciona desde 2016 y se ejecuta a través de la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras. Su objetivo declarado es agilizar la titularización de tierras fiscales, rurales y urbanas. Behler precisó que, desde el inicio de la actual gestión provincial, ya se avanzó en la regularización de más de 4.000 instrumentos legales en distintos municipios; según los datos oficiales difundidos esta semana, la etapa reciente del programa suma unas 4.400 soluciones de ordenamiento dominial y alrededor de 6.200 hectáreas, con foco rural. A eso se agrega un acumulado mayor desde la creación del programa: en 2023, la entonces subsecretaria de Tierras había hablado de 34.000 títulos entregados desde 2016.

El intendente Rodríguez, por su parte, enmarcó la entrega sanvicentina en la regularización de tierras urbanas y anticipó que el municipio buscará "regularizar nuevos barrios". Es decir: este operativo no fue rural, sino sobre lotes urbanos de familias que vivían en sus casas sin la escritura en la mano.

LAS DOS MISIONES DE LA TIERRA

Acá aparece la clave que el acto no menciona. Mi Título regulariza tierra fiscal: la que es del Estado y puede venderse o adjudicarse a quien la ocupa. Pero buena parte del problema misionero no está en la tierra fiscal, sino en la tierra privada ocupada.

Misiones se pobló a fuerza de colonización: el Estado fue históricamente el gran repartidor de lotes a los colonos que llegaron a abrir el monte. Muchos de esos trámites nunca se cerraron. Y a la par creció otra realidad: grandes propiedades privadas —muchas en manos de empresas forestales o de propietarios ausentistas— que durante años quedaron sin uso intensivo y fueron ocupadas por familias rurales empobrecidas. Mientras los dueños no las explotaban, la ocupación avanzó sin mayor conflicto. Cuando la foresto-industria se reactivó hacia 1995, llegaron los desalojos, las denuncias por usurpación y la judicialización.

Esa tensión sigue abierta. En enero de 2022, en San Pedro, colonos autoconvocados desalojaron por mano propia a ocupantes de dos chacras. En mayo de 2026, en Puerto Rico, una comunidad Mbya Guaraní fue desalojada y volvió a ingresar a un lote privado, en un conflicto que enfrenta el derecho de propiedad con los títulos comunitarios amparados por la Ley nacional 26.160. Para estos casos, Mi Título no tiene respuesta: la tierra no es fiscal, y regularizarla exige otras herramientas, como la expropiación —el camino que ya en 2004 abrió la Legislatura para el conflicto de Pozo Azul.

UN PROBLEMA QUE SE MIDE EN GENERACIONES

La dimensión no es menor. Según el relevamiento del PROINDER (2013), Misiones es una de las provincias con mayor conflictividad por la tierra del país: más de 20.000 familias productoras y más de 308.000 hectáreas con problemas de tenencia. En el plano urbano, el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) contabilizaba en 2022 unos 375 barrios populares en Misiones y alrededor de 50.683 familias sin título pleno, lo que ubica a la provincia entre las de mayor proporción de población viviendo en barrios populares del país.

Como referencia nacional, el Censo Nacional Agropecuario 2018 mostró que, medido en superficie, el 69% de la tierra está bajo régimen de propiedad, el 19% bajo arrendamiento, el 3% en ocupación con permiso y el 2% en ocupación de hecho. No accedimos al dato desagregado para Misiones, pero la historia de colonización provincial sugiere una incidencia mayor de la tenencia precaria que el promedio del país.

GRATIS, PERO NO SIEMPRE RÁPIDO

¿Es caro sacar el título? Para la tierra fiscal, no debería serlo: la propia Dirección General de Tierras informa que todos los trámites que realiza son totalmente gratuitos, con la salvedad de que ciertas leyes provinciales (la serie Ley XVI) establecen un depósito bancario para la compra del lote. La barrera, entonces, no es tanto el costo como el tiempo y la burocracia. El proceso, según explicó Behler en su momento, tiene varias etapas —determinación de la ocupación, permiso de ocupación, adjudicación y, recién al final, el título— y, hecho con responsabilidad, puede completarse en dos años. La experiencia real suele ser más larga: el propio Passalacqua contó que el programa nació a partir del caso de una familia de San Vicente que recibió su título recién varias décadas después de iniciar el trámite. Esa distancia entre los "dos años" del procedimiento y las "décadas" de la vida cotidiana es, quizás, el dato más elocuente.

LOS RIESGOS DE COMPRAR O VENDER SIN PAPELES

La chacra que pasa de padres a hijos sin sucesión, el lote que se vende parcelado con un boleto o como "venta de mejoras": son prácticas extendidas y cargadas de riesgo. Sin título:

• No hay seguridad jurídica plena. La ocupación queda expuesta a usurpaciones, reclamos cruzados y, en tierra privada, a desalojos.
• No se accede al crédito formal: sin escritura no hay garantía hipotecaria.
• Se encadenan poseedores precarios. Las ventas informales sucesivas multiplican titulares de mejoras sobre un mismo lote y abren la puerta a la doble venta y al fraude. La ley provincial prevé que el título definitivo solo se otorgue cuando hay un único titular sobre la totalidad del lote.
• Se complica la producción. Para ciertos cultivos, demostrar la trazabilidad exige acreditar la tenencia legal; sin papeles, también cuesta habilitar comercios y acceder a servicios.
• Pierde valor. El Tribunal de Tasaciones de Misiones llegó a estimar que la sola presencia de ocupantes deprecia un inmueble hasta en un 35% de su valor de mercado.

POR QUÉ LE TOCA AL ESTADO

La respuesta es histórica. En Misiones, el Estado fue el adjudicador original de la tierra fiscal y es quien lleva el catastro y el registro. Si miles de familias trabajan lotes que el propio Estado les asignó o toleró durante generaciones sin cerrar el trámite, regularizar no es una concesión: es saldar una deuda administrativa. El permiso de ocupación y el título no solo dan tranquilidad; habilitan invertir, formalizar y planificar. El problema es que la herramienta más visible —Mi Título— solo alcanza a la tierra fiscal. Para la tierra privada ocupada y los reclamos indígenas, el sistema se traba, y ahí es donde el Estado todavía no encontró una política a la altura del problema.

PREGUNTAS ABIERTAS

Quedan datos que no pudimos confirmar y que dejamos planteados, sin afirmarlos: cuántas hectáreas y cuántas familias siguen hoy sin regularizar en Misiones según un dato oficial actualizado; qué proporción de los terrenos de la provincia está bajo ocupación de hecho según el CNA 2018 desagregado; y cuántos de esos más de 4.000 instrumentos de la actual gestión son títulos plenos y cuántos permisos de ocupación, una etapa previa que todavía no es la escritura definitiva. Son preguntas que vale la pena seguir.

FUENTES

El Misionero ("Más de cien familias de San Vicente y Fracrán recibieron sus títulos de propiedad", 11/06/2026, fuente principal del acto); Economis, Misiones Online y Canal 12 Misiones (cobertura de la entrega y datos del programa Mi Título; declaraciones de Daniel Behler); Diario Noticias de la Calle (agenda en San Vicente, 11/06/2026); Dirección General de Tierras de Misiones (gratuidad de los trámites; leyes serie XVI); Subsecretaría de Tierras, declaraciones de Sonia Mello (Misiones Online, 2023); Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP, 2022); PROINDER, "Relevamiento y sistematización de los problemas de tierra de los agricultores familiares de la Argentina" (2013); Censo Nacional Agropecuario 2018 (INDEC/IPEC); El Territorio (San Pedro, usurpaciones, 2022); Argentina Forestal (conflicto Comunidad Mbya Puente Quemado II, 05/2026); trabajos académicos de la UNaM y CONICET sobre ocupación de tierras privadas en Misiones; Tribunal de Tasaciones de la Provincia de Misiones (citado en bibliografía académica sobre ocupación de tierras privadas).

NOTA DE TRANSPARENCIA EDITORIAL

Los datos del acto se tomaron de la nota de El Misionero y se cruzaron con otros medios misioneros y fuentes oficiales. Sobre las cifras del programa Mi Título: Behler aclaró que los "más de 4.000 instrumentos" corresponden al período de la actual gestión provincial, mientras que la cifra de 34.000 títulos fue declarada en 2023 como acumulado desde 2016; son períodos distintos y no se contradicen, aunque no encontramos un dato oficial único que los integre. Las versiones del nombre del barrio varían entre "Unido" y "Unidos" según el medio; usamos el que figura en la fuente principal. Los porcentajes de régimen de tenencia del CNA 2018 son nacionales y están medidos en superficie; no accedimos al desagregado de Misiones. La cifra de RENABAP corresponde a 2022 (algunas fuentes provinciales mencionan 243 barrios "con intervención requerida", frente a los 375 del registro nacional). La estimación del 35% de desvalorización es un parámetro del Tribunal de Tasaciones citado en bibliografía académica, no un dato de coyuntura. Lo no confirmado quedó marcado como "preguntas abiertas", para no presentarlo como hecho.